FP25: SW libre o SW propietario
¿De qué imparcialidad hablamos? [19.03.07]
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Hasta que no entendamos que la Sociedad del Conocimiento es una sociedad de personas y no de tecnologías, y que el conocimiento —como el software libre— es una actividad social y colaborativa que se construye de forma libre y abierta, no avanzaremos de forma eficaz en el logro de este importante objetivo: construir una sociedad del conocimiento libre y abierto para todas las personas.

Desde hace tiempo estamos asistiendo a un enconado —a la vez que interesante— debate sobre la adopción y conveniencia del SW libre o SW propietario. Un debate complejo, sin duda, que se mueve en un marco que va más allá de lo estrictamente tecnológico o económico, y abarca aspectos culturales y conceptos extraordinariamente sensibles para la construcción de la nueva ciudadanía del siglo XXI o ciberciudadaní a, como la Administración electrónica (e-Admon) y la participación ciudadana, la e-inclusión y los nuevos modelos de organización en red, el desarrollo de la democracia digital y de los nuevos derechos digitales, la libertad de acceso a la información y la circulación del conocimiento libre y abierto, etc.

Sorprende, por tanto, la reiterada insistencia sobre la pertinencia o no de que las Administraciones Públicas tomen partido en relación al tipo de Software , pero lo cierto es que parece que se va asentando en algunos sectores la teoría de la neutralidad tecnológica y que, por tanto, “ la Administración Pública no debe tomar partido y debe ser el mercado el que elija o decida de forma supuestamente imparcial”.

La trampa de este planteamiento consiste en transferir la responsabilidad de una decisión de gran calado político y social a un supuesto ente abstracto —estrictamente económico— llamado mercado. Como si el Software fuese una simple mercancía que debe quedar sujeta exclusivamente al trasiego mercantil. Lo que ni por su entidad ni por sus repercusiones sociales, políticas y estratégicas es admisible tal limitación.

Por otro lado, la supuesta “imparcialidad” del mercado, basada en el mito de “la mano invisible” que todo lo organiza y todo lo corrige a través de la libre interacción entre oferta y demanda. Pero es que a ese mito se añade, además, otra suposición errónea e interesada como es que la inhibición de los poderes públicos en el mercado es garantía de independencia e imparcialidad. Cuando, como advierte González Barahona, los Estados, tanto cuando actúan como cuando no, están tomando partido y, ciertamente, nunca son neutrales.  

La responsabilidad de los poderes públicos.

Los Estados legislan sobre derechos de autor y sobre patentes y, por lo general, anteponen el derecho de propiedad al derecho a la vida, y la “libertad de comercio” al derecho universal a la información y el conocimiento. El gran escándalo que está suponiendo la falta de acceso a los medicamentos anti SIDA en África, es más que elocuente: las decisiones se toman en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no en el la Organización Mundial de la Salud (OMS). ¿Alguien puede creerse de verdad que ese es el mejor camino para resolver la pandemia del Sida o cualquier otra que afecte a los países pobres?

En el terreno de la Sociedad del Conocimiento, la hiperprotección de los derechos particulares a veces incurre en lo absurdo, como cuando un cibercafé consigue paralizar interesantes iniciativas municipales o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le exige a un Ayuntamiento de cien vecinos que se constituya en “operadora de telecomunicaciones” si quiere facilitar acceso gratuito a Internet a sus vecinos.

Estas reglamentaciones, como las que en general protegen la producción y distribución del software , son claramente obsoletas y, además de potenciar un modelo de negocio que estimula la opacidad, la restricción y la creación de oligopolios privados e incontrolados públicamente, suponen importantes frenos para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento.

Legislar para el bien común.

Se trata, por lo tanto, de restituir una jerarquía de valores acorde con las verdaderas funciones del Estado: legislar para el bien común a partir de premisas que nos ayuden a alcanzar conclusiones más justas y eficaces, respondiendo a preguntas tan elementales como qué modelo de sector informático tiene que favorecer el Estado.

Sostiene Barahona, en este sentido, que la respuesta ha de estar basada en la maximización del bien común, entendiendo esto como producir software con menos recursos, más calidad, más cantidad y llegando a todos los usuarios. Y desde esta óptica es cómo se debe legislar. Por lo que el dilema no sería si el Estado tiene que ser o no neutral, sino en ver cómo se usa esa capacidad ineludible que tiene para tomar decisiones a favor del bien común y bienestar de la mayoría.

La capacidad económica de las Administraciones.

Por otro lado, la importante capacidad o poder de compra de las Administraciones Públicas, así como el efecto ejemplificador y tractor que conlleva cualquier decisión institucional de este tipo es un aspecto extraordinariamente relevante a la hora de la toma de decisiones en este sentido del bien común y bienestar de la mayoría.

Un ejemplo paradigmático los constituye la Comunidad de Extremadura que, desde un primer momento, optó decididamente por el SW libre y el conocimiento abierto. Sin embargo, la mayoría de las administraciones públicas siguen aferradas a entornos cerrados y de SW propietario, poniendo piedras en el camino de la creatividad e innovación y a la circulación del conocimiento libre y abierto y, en definitiva, al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento para todas las personas.

Justificar la actitud de apostar por el SW propietario basándose en la supuesta seguridad o solvencia que sólo ofrecen los grandes consorcios titulares de este tipo de software encierra, en el mejor de los casos, cierto desconocimiento interesado y oportunista porque la seguridad y la solvencia están garantizadas en ambos tipos de software y, si acaso, lo está más todavía cuando se trata del software libre.

Algunas conclusiones.

Una primera conclusión que cabría obtener de esta reflexión sería la de que la verdadera imparcialidad no es la que deja hacer sin más al mercado, sino más bien aquella que es capaz de no obstruir ni cegar ningún camino a lo largo de la implantación de cualquier proceso de digitalización.

Una plataforma digital potenciada por las administraciones públicas debe ser capaz de funcionar con cualquier entorno, sea éste libre o propietario. Y de cualquier forma las administraciones públicas no deberían dejar pasar la ocasión para que en un determinado momento optar claramente por una estrategia que busque sin ningún tipo de ambigüedad la máxima eficiencia técnico-social bajo el SW no propietario.

Una conclusión final sería, pues, que hasta que no entendamos que la Sociedad del Conocimiento es una sociedad de personas y no de tecnologías, y que el conocimiento —como el software libre — es una actividad social y colaborativa que se construye de forma libre y abierta , no avanzaremos de forma eficaz en el logro de este importante objetivo: construir una sociedad del conocimiento libre y abierto para todas las personas.

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Sobre sw libre. “La imparcialidad de los estados y la industria del sw. Compilación de ensayos del Grupo de Sistemas y Comunicaciones. Universidad Rey Juan Carlos.

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